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| Foto: Juan Barreto/AFP |
Reporteros Sin Fronteras
En un clima de descontento
general por los desequilibrios económicos y los problemas de inseguridad, en el
mes de febrero de 2014 estallaron múltiples movimientos de protesta en
Venezuela. Manifestantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos
denuncian, entre otras cosas, el control que ejerce el gobierno sobre los
medios de comunicación.
Las tensiones políticas
también tienen repercusiones en la seguridad de los actores de la información,
como lo demuestra la agresión que sufrió la corresponsal del diario digital
peruano El Comercio, Karen Méndez, quien fue atacada a
balazos cuando cubría las manifestaciones. María Iginia Silva, que
realizaba un reportaje sobre este tema para Globovisión, fue
agredida a pedradas por un grupo de manifestantes. Los periodistas que trabajan
para los medios de comunicación públicos no está exentos de ataques: Jilfredo
Alejandro Barradas, camarógrafo de la Oficina de Comunicación e Información
del Gobierno del Estado fue herido de bala cuando cubría las manifestaciones en
motocicleta. Un grupo violento ataquó la sede de VTV con bomba
molotov y otros explosivos. Rafael Hernández, de la revista Exceso,
y el bloguero Ángel Matute, fueron detenidos cuando cubrían los
acontecimientos del 12 de febrero de 2014.
Estuvieron detenidos tres
días; fueron puestos en libertad por orden de un juez el 15 de febrero, pero se
les prohibió cubrir las manifestaciones. Frente a la magnitud que han adquirido
las manifestaciones, las autoridades tomaron medidas de censura. El director
general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) señaló en un
comunicado con fecha del 11 de febrero que “la cobertura mediática que están recibiendo
los hechos de violencia” podría ser sancionada por violación a lo dispuesto en
la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios de Comunicación
Electrónicos (Resortemec),
que prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología de la violencia o el
odio.
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| Foto: Mariana Vincenti |
Esta amenaza se hizo efectiva
al día siguiente, cuando las manifestaciones cayeron en la violencia. Las
protestas dejaron como saldo tres muertos y numerosos heridos por ataques con
arma de fuego; hubo víctimas en ambos bandos: manifestantes y policías.
Mientras tanto, el canal de noticias colombiano NTN24 fue
sacado del aire para evitar su difusión entre los telespectadores venezolanos. NTN24 transmitía
las reivindicaciones de la oposición.
Incluso las redes sociales,
que por lo general resisten la censura, se ven afectadas. La empresa nacional
de telecomunicaciones Cantv bloqueó el servicio de albergue de imágenes de
Twitter, como lo confirmó el
portavoz de la empresa, Nu Wexler. Éste propuso a los usuarios una alternativa,
seguir recibiendo información a través de mensajes de texto: “Para los usuarios
bloqueados en Venezuela: siga recibiendo notificaciones vía SMS de cualquier
cuenta de Twitter. Envíe SEGUIR [usuario] a 89338”.
“Reporteros sin Fronteras
condena estos actos de censura arbitraria efectuados fuera de todo proceso
administrativo o jurídico. Estos son aún más preocupantes puesto que se
inscriben en un contexto de acoso a los actores de la información locales e
internacionales por parte del gobierno venezolano. Unimos nuestra voz a la de
las organizaciones locales de defensa de la libertad de expresión para recordar
que el control de la información no hará sino emponzoñar la situación actual y
atizar la extrema polarización mediática que sufre actualmente el país”, señaló
Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras.
“También estamos muy preocupados
por la amenaza que puede representar la asfixia económica de los diarios para
el pluralismo de
la información” agregó.
Además de ser acusados por el
gobierno de hacer “propaganda de guerra”, los medios de comunicación venezolanos también se ven
amenazados por un factor estructural: la carestía de productos básicos, que
llega hasta el papel empleado para imprimir los periódicos. La escasez de papel
ha obligado a numerosos periódicos a reducir su número de ejemplares e,
incluso, a suspender su tiraje hasta nueva orden. La lista de periódicos que
restringen su tiraje crece cotidianamente; más de veinte redacciones se
encuentran en peligro. Colmo de la ironía, los medios de comunicación son reprimidos sistemáticamente por las autoridades cuando mencionan las penurias.
En el marco de las políticas
proteccionistas adoptadas bajo la presidencia de Hugo Chávez, y dado que
Venezuela no es productor de papel, los medios de comunicación necesitan
adquirir dólares para poder comprar la materia prima indispensable para su
actividad. El proceso habitual para obtener el papel que se requiere para la
impresión de periódicos se ha vuelto progresivamente más complejo, con la
obligación de recurrir sistemáticamente al gobierno para adquirir divisas
extranjeras. Así, las autoridades tienen derecho a controlar directamente el
volumen de impresión y de difusión de los periódicos.
El gobierno venezolano utiliza
otra vez la teoría del complot para refutar las acusaciones en su contra. El
diputado Julio Chávez, miembro de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional
de Venezuela, incluso llegó a afirmar que eran los mismos medios de
comunicación quienes bloqueaban deliberadamente el stock de papel para
presionar al gobierno. Según las autoridades, en el año 2013 se registró un
aumento de más de 30% en la importación de papel periódico; esto, mientras que
los medios de comunicación locales continúan reduciendo su circulación cada día
un poco más.
Múltiples factores hacen de
Venezuela uno de los países del continente americano en los que la situación de
la libertad de información es más preocupante: el uso abusivo de cadenas, la
creación de un organismo de inteligencia que pone en riesgo el libre acceso a la información, acoso
a los medios de comunicación y a los periodistas… Tantas razones que explican que
Venezuela se encuentre en el lugar 116, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014.
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